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Sobre la “intervención” de Vicentín

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Por Federico Scuticchio (*)

El título de esta columna lleva comillas, puesto que el caso Vicentín no trata de una intervención, sino de una ocupación temporal anómala. 
La expropiación está regulada en Argentina por la Ley 21.499, que fue sancionada por el general Videla, en el año 1977, en la época del gobierno militar de facto, con el Congreso de la Nación suprimido. 

Sabemos que muchas “leyes” fueron sancionada por los militares y que, no sólo sobrevivieron, sino que fueron convalidadas por la democracia. Esta ley de expropiación, la utilizada para el caso Vicentin, contempla la figura de la ocupación temporánea en sus artículo 57, 58, 59 y 60, que faculta a que justamente por decreto el Poder Ejecutivo tome posesión de un bien, con o sin fines de expropiación. En esta normativa, se basa hoy el Presidente Alberto Fernández. 

Cuando yo era niño, relatos de la época del gobierno de facto aseguraban que, en la plaza de Bragado se tomaban las camionetas Ford F 100 de las personas y las pintaban de verde. Ese es un claro ejemplo de ocupación temporánea, que hoy sigue vigente. Si se devolvía la cosa, con indemnización por el uso, entonces, la ocupación temporánea se consideraba normal. En cambio, si la devolución era sin pago por el uso, se trataba de una ocupación temporánea anormal. Y, finalmente, si no había devolución, significaba que la ocupación temporánea era anómala con fines de expropiación, por lo que se pagaba luego por el precio de la cosa, pero no por el uso de la misma. 

El decreto N° 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, fundamentado en la Ley de Expropiación N° 21.449, que dispone la intervención de Vicentin dice textualmente: Artículo 1°: Dispónese la intervención transitoria (…) de la sociedad  VICENTIN S.A.I.C». El artículo 2°, nombra al interventor y el Artículo 4° dice: «Dispónese la ocupación temporánea anormal de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los  artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499. (ver decreto 522/2020)».

Este artículo es el sustento legal para la intervención, que no es más que la ocupación temporánea, y lo demás es una distracción semántica para confundirnos con la intervención judicial, que dispone la Ley de Sociedades, y faculta al Juez para intervenir. Ello potenciado por el hecho de que la empresa se encuentra en concurso preventivo.

La Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales regula la figura del interventor judicial, en su artículo 113 y 114 que, en resumen, dice: “Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos (…) que pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial. El juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo”. Nada, absolutamente nada, tiene que ver esto con la intervención de Vicentin. Antecedentes de este tipo de intervención en democracia sólo se han visto con los casos YPF y Ciccone Calcográfica, ambos ocurridos durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Del análisis técnico resulta que, al parecer, el Presidente Alberto Fernández utiliza una terminología distinta, que sólo puede explicarse por la ideologización del asunto, para no recurrir a un un instituto creado por la dictadura para lograr su cometido. Al cambiar el concepto de ocupación temporánea por el de intervención, sólo se busca confundir a la opinión pública. 

(*): Abogado y dirigente de la Coalición Cívica.

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