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Cupos para mujeres en asociaciones y sociedades comerciales

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-Por Marita Gelitti

La Inspección General de Justicia (IGJ) dictó días pasados la resolución 34/2020, mediante la cual fija como exigencia que las asociaciones civiles, fundaciones, algunas de las sociedades anónimas de la Ley N° 19.550 y las Sociedades del Estado (Ley N° 20.705) deberán incluir en su órgano de administración y fiscalización una composición equivalente de mujeres y varones.
La norma se dicta según sus considerandos en facultades propias del organismo de control que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, encargado de autorizar y controlar el funcionamiento de las personas jurídicas con domicilio en CABA, con el paraguas de los artículos 37 y 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Como análisis inicial, la decisión la IGJ de inmiscuirse dentro del gobierno de las personas jurídicas privadas, cuyas asociaciones están creadas por personas humanas de manera voluntaria y altruista -en el caso de las civiles- y por cuestiones comerciales -en las SA-, daña gravemente los derechos individuales y las libertades de asociación y empresarial. Seguramente la Justicia tendrá la tarea de dilucidar si el dictado de la misma se ha hecho excediéndose en sus atribuciones.
En lo personal, como abogada en el ejercicio de la profesión liberal, me dedico principalmente a asesorar, asistir y realizar todo tipo de trámites para asociaciones, fundaciones y sociedades comerciales en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y por la relación cotidiana con mis clientes opino que la decisión de la IGJ no es acertada y que lo que intenta proteger, que es la paridad de los géneros en los órganos de gobierno, puede terminar disuadiendo el interés de las personas a involucrarse en clubes, bibliotecas, asociaciones de bomberos voluntarios, fundaciones, etc. y a intentar no conformarse con figuras jurídicas comerciales que les limiten los derechos a decidir quiénes son los directivos que van a administrar su patrimonio.
Las sociedades comerciales alcanzadas por la resolución, si bien no son todas, abarca a personas jurídicas que se conforman con la forma de sociedad anónima que ahora, deberán buscar varones o mujeres para cumplir con el cupo y, no es razonable que para la administración de su capital los accionistas deban buscar directores por cuestión de género, sino que esa decisión debe ser definida por la confianza y la idoneidad de los mismos.
En el caso de las asociaciones civiles, las dificultades que presenta esta norma para su constitución y funcionamiento son palmarias y notorias. Hay instituciones intermedias (por ejemplo, Bibliotecas populares, Liga contra el Cáncer, Hogares de Ancianos, etc.) integradas por socias y por lo tanto ¿cómo cumplirán el requisito de la paridad?, ¿cómo encontrarán los varones para el cupo? Lo mismo sucede en asociaciones principalmente integradas por varones (automovilismo, pesca, etc.).
Además, cabe aclarar que los estatutos no restringen la participación en las entidades a varones o a mujeres, se presenta el interés a participar por afinidades, gustos y compromiso con el objeto social y los miembros lo hacen de manera altruista y desinteresada.
Por eso, una norma de esta naturaleza no debiera tener el carácter de imperativa, sino sólo de sugerencia y estímulo para lograr la participación con paridad.
En la Provincia de Buenos Aires, es la Dirección de Personas Jurídicas la autoridad equivalente a la IGJ. Espero que no copie la Resolución, sino la participación y la libertad de asociación serán vulneradas también a los bonaerenses.

Marita Gelitti, Presidenta de Acción Para el Desarrollo. Abogada Tomo 46, folio 277 CALP.
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