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Panorama político bonaerense: ¿La hora del realismo?

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-La trama política detrás de la cuestión de las usurpaciones y el lanzamiento del plan de seguridad

Por Andrés Lavaselli.

El endurecimiento del discurso sobre la inseguridad y las usurpaciones de terrenos que asumieron Alberto Fernández y Axel Kicillof marca un alejamiento relativo de las típicas recetas progresistas para contener ese tipo de fenómenos y, a la vez, la decisión de intentar impedir que sea la oposición la que desarrolle esa agenda, como ya le ocurrió al kirchnerismo en el pasado. Pero se trata de una apuesta que, desde el vamos, implica asumir costos internos.
Para Kicillof, la alarma por la cuestión de las tomas se encendió el lunes pasado al mediodía. Acababa de pedir una “tregua” política a la oposición en un acto por la extensión de la cuarentena junto a dos alcaldes de PRO –Garro, de La Plata y Grindetti, de Lanús- cuando un tercer actor, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, le exigió definiciones sobre las tomas en las redes. Enseguida se sumó el resto de los intendentes de PRO. La tregua terminó antes de arrancar.
Pero esa no fue la única señal de alarma en el oficialismo. Cuentan que Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, fue la primera que alertó sobre el tema. Lo habló con diputado Máximo Kirchner, que además es el líder de La Cámpora, la organización a la que ella misma pertenece. Mendoza había visto lo ocurrido en Villa Mascardi y sabía que algo similar podía ocurrir en su distrito. Y que varios de sus colegas peronistas del conurbano estaban en la misma sintonía.

Esa es la trama que derivó en la reunión del miércoles en la Gobernación, acordada en forma directa entre Kicillof y los intendentes Espinoza (La Matanza), Ferraresi (Avellaneda) e Insaurralde (Lomas). El gobernador y los alcaldes tenían, por una vez, la misma necesidad política: dar una señal fuerte contra las tomas, cuyo crecimiento amenaza su control territorial y, a la vez, evitar que sus pares de PRO aparecieran como los únicos preocupados.
En la intimidad de ese encuentro, quedaron claro dos cosas. 1) El diagnóstico real del oficialismo es que las usurpaciones sí están aumentando, y que en muchos casos hay organizaciones sociales detrás, en especial el Movimiento Evita 2) La respuesta “dura” que venía ensayando el ministro de Seguridad, Sergio Berni, es la que consideraron más adecuada. “Las tomas son un delito y serán evitadas”, es el resumen de esa posición, que luego se hizo público.
En un sentido, los roces entre el Evita –y otras organizaciones por el estilo- y los intendentes, no son nuevos: el control de la política social es su motivo. Una anécdota ilustra el punto al que llegó el enojo esta vez: Un ministro que participó de la reunión en La Plata calificó de “Movimiento Antievita” a los alcaldes. Más novedoso es que Kicillof y Fernández parecen compartir la acusación de los alcaldes: Promueven tomas para después reclamar recursos con los que urbanizar y “solucionar” el problema”, cuentan cerca del gobernador.
En un sentido político amplio, el enfrentamiento con el kichnerismo tampoco es novedoso. El Evita fue sostén territorial de la candidatura de Florencio Randazzo en 2017, una de las claves que explican la derrota de Cristina Kirchner ante Esteban Bullrich de ese año. Lo curioso es que sus dirigentes fueron “indultados” y hoy tienen despacho en la Casa Rosada. Tal vez por eso, Kicillof le reprochó a Berni que “personalizara” los cuestionamientos que hizo sobre este tema en Fernando “Chino” Navarro, aunque le dejó claro que está de acuerdo con su diagnóstico.
Hacía adelante, el gobierno puso en marcha una mesa de alerta temprana, coordinada con Intendentes. El objetivo es puntual: evitar nuevas tomas. Es que  están convencidos de que ese objetivo es el límite de lo posible y que desarmar las que ya existen es algo muchísimo más complicado. El fantasma de la crisis del Indoamericano, un desalojo que costó dos muertos, explica parte de esa mirada.

SEGURIDAD TAMBIÈN
Si la definición de tomas como “delito” y la decisión de evitarlas marca la intención del gobierno de dar un mensaje hacia el electorado de clase media, el anuncio de un plan de seguridad centrado en el despliegue policial y la compra de armamentos lo completa.
Ejecutado, al igual que lo hecho con las tomas, con el respaldo explícito de la vicepresidenta Cristina Kirchner al gobernador, el lanzamiento de plan incluyó dos o tres señales políticas importantes. La primera es la foto conjunta de Berni con Sabina Frederic. En este contexto es casi la imagen de la rendición de la ministra nacional. Dicen que incluso que el acto iba a ser en la escuela Vucetich, donde se forma la Bonaerense, pero que se evitó para no cargar las tintas en ese plano.
Lo cierto es que en los gobiernos –el nacional y el bonaerense- había satisfacción porque, al menos en público y por ahora, esa grieta parece haberse cerrado. La presencia de los intendentes, que en parte son responsables del diseño del plan, marca otra coincidencia con la crisis de las usurpaciones: Kicillof mantuvo acá una sintonía política con ellos que no había mostrado en otras ocasiones. (DIB) AL

Un momento clave de la semana: Kicillof con los intendentes al cabo de la reunión por las tomas.
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