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Con enfoque en la crisis sanitaria, el Frente de Todos busca reflotar el proyecto de «Alquiler de Banquinas»

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La iniciativa fue presentada en diciembre de 2019 por el entonces concejal Emmanuel Aramendi y ahora es impulsada por la edil Guillermina Lhospice. Según argumentó, el mecanismo permitiría al municipio hacerse de recursos genuinos para reforzar el sistema sanitario en la lucha contra el COVID-19.

Con el objetivo de generar nuevas herramientas y fuentes de recursos para hacer frente a la pandemia del COVID-19, la edil del Frente de Todos, Guillermina Lhospice, presentó días atrás un proyecto de Ordenanza para establecer «la licitación pública para el arrendamiento de las banquinas que corresponden a rutas y caminos provinciales».
En los hechos, la propuesta reflota una iniciativa del ex concejal justicialista, Emmanuel Aramendi, quien antes de finalizar su mandato, en diciembre de 2019, propuso la adhesión del municipio a la Ley Provincial N° 10.342, que autoriza «a los municipios a otorgar permisos de uso, a favor de terceros, de las franjas adyacentes a las rutas o caminos integrantes de la red vial provincial», con el objetivo de destinarlas a «la siembra de cereales, oleaginosas y similares, forrajes, granos varios, pasturas y toda otra explotación agraria que así lo aconseje la ubicación y características del lugar».
En el contexto de la crisis sanitaria, Lhospice sostuvo que existe «la necesidad de generar recursos que, mediante las actividades exceptuadas, como la producción agrícola sean direccionados y afectados a partidas asociadas a áreas de gran importancia para la ciudad».
De esta forma, en su presentación, la edil del Frente de Todos argumentó que «desde hace años las banquinas adyacentes de las rutas provinciales y de caminos rurales en jurisdicción del Partido de Bragado vienen siendo sembradas y cosechadas, sin la implementación de un mecanismo transparente de rendición y balance de la rentabilidad».
Y agrega que «dichos recursos podrían ser utilizados en áreas de suma importancia para nuestra ciudad, como la educación, la Producción, la Salud o Bomberos». «Esta pandemia dejó evidenciada la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud pública que, sumado a la falta de inversión en los últimos años, nos dejó en una posición comprometida frente al aumento de caso de COVID-19», afirma Lhospice en su presentación.
En otro párrafo, la edil recuerda que «la Provincia de Buenos Aires ha promulgado la Ley 10.342 (…) que establece autorizar a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso a favor de terceros en franjas adyacentes a las rutas o caminos integrantes de la red vial provincial».
De esta forma, en su parte resolutiva, el proyecto busca que se concrete «la licitación pública para el arrendamiento de las banquinas que corresponden a rutas y caminos provinciales, bajo el régimen que establece la Ley Provincial No 10.342».
En otro de sus artículos, autoriza «al Departamento Ejecutivo a incluir dentro de la presente normativa y bajo las mismas condiciones a las banquinas de caminos rurales municipales que así lo permitan, sin afectar la flora y la fauna silvestre, respetando las medidas reglamentarias de cada camino».
De acuerdo con la propuesta, «el producido económico de ésta explotación será asignado a la Cooperadora del Hospital Municipal». Por otra parte, la iniciativa faculta al municipio «a establecer el canon correspondiente, como oferta base para la licitación, el que no podrá ser inferior a 7 quintales de soja por hectárea, independientemente de que en la explotación se siembre cualquier otro grano».
Y precisa que «los permisos de uso serán de carácter precario y a título oneroso por el término de un año, renovable por un periodo igual y el destino de los mismos será para siembra de cereales, (Trigo, Cebada, Avena, Centeno) y oleaginosas (Soja o Colza), forrajes (Avena forrajera, etcétera) y pasturas», mientras que «quedan excluidos la siembra de Maíz, Girasol y Sorgo».
Finalmente, la Ordenanza establece que el municipio deberá disponer «los llamados a concurso o licitación por el término de 60 días» y determinar la adjudicación, según el orden de prioridad, a: I) propietarios o arrendatarios frentistas; II) entidades de bien público (Cooperadoras de las Escuelas Rurales o Agrarias del Distrito); III) Productores o productoras as de la Economía Social, Asociaciones Civiles, Agrupaciones Sociales, Emprendedores o emprendedoras que dispongan de Proyectos Productivos previamente presentados y aprobados por el Departamento Ejecutivo.

Guillermina Lhospice y Emmanuel Aramendi.
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