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COVID-19: Pan Rivas presentó un proyecto para aplicar sanciones económicas por reuniones sociales

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La edil del Frente de Todos presentó un proyecto de Ordenanza para que se establezcan duras multas por «eventos sociales o familiares», en el marco de la crisis sanitaria. En su presentación, advirtió al municipio que no basta con «la apelación a la responsabilidad individual».

Por iniciativa de la edil del Frente de Todos, María del Carmen Pan Rivas, el Concejo Deliberante recibió en las últimas horas un proyecto de Ordenanza para establecer sanciones económicas a las reuniones sociales o familiares, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19.
La iniciativa argumenta que, a raíz del incremento de casos positivos de los últimos tiempos, Bragado debió retroceder a Fase 3, por “no cumplir con los parámetros epidemiológicos y sanitarios” establecidos por el gobierno nacional.
En los considerandos, la propuesta advierte que “el partido de Bragado no sólo ha experimentado en poco tiempo un incremento exponencial del número de contagiados, sino que también registra una tasa de mortalidad superior a la media provincial”.
“Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de vecinos y vecinas. Además, el recrudecimiento de la emergencia sanitaria en el ámbito local llevó al sistema sanitario al borde del colapso, no sólo por la saturación de la aparatología y los insumos para el tratamiento de pacientes en estado grave o crítico sino también por el estrés que deben soportar los trabajadores y trabajadoras que integran el sistema de salud”, insiste Pan Rivas en su presentación, haciendo referencia a que Bragado llegó a tocar un pico de más de 400 casos activos y registra casi 40, desde el comienzo de la pandemia.
Así, para la bancada de la oposición al intendente Vicente Gatica, “la apelación a la responsabilidad individual debe ser acompañada por un claro ejercicio del poder de policía que castigue aquellas conductas que atentan contra el interés colectivo”.
Por último, en su articulado, el proyecto establece la prohibición “los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”.
El artículo 3° formaliza las sanciones, que van desde los 30 a 90 SAPEMU -unidad de medida equivalente al 5% del salario básico del personal municipal- o hasta cinco días de arresto. Excepcionalmente, las multas podrían ser “reemplazadas por el cumplimiento de trabajo comunitario siempre y cuando el infractor demuestre fehacientemente que carece de los medios para afrontarlas”.

Además, el proyecto también prevé sanciones para las “falsas denuncias”, con multas que van “de uno a diez SAPEMU”.

María del Carmen Pan Rivas.
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