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Espacio de opinión: “Alquiler de banquinas…”

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Sr. Director de La Voz de Bragado:

Hace pocos días, el HCD sancionó, en la última sesión ordinaria del año, la ordenanza que adhiere a la ley provincial que da lugar a la licitación pública para el arrendamiento de las banquinas que corresponden a rutas y caminos provinciales.
A la ordenanza se la votó por unanimidad, es decir que oficialismo y oposición acordaron el alineamiento del partido de Bragado a una ley que, estimo, ha tenido un acuerdo similar entre las bancadas provinciales.
El argumento potente para lograr el consenso, a ambos lados de la “grieta”, es que a través de este instrumento se estaría en condiciones de generar “recursos genuinos”, que podrían ser direccionados a servicios como salud. La ley es más precisa en ese sentido, disponiendo una distribución del 60% para el Consejo Escolar, 20% para instituciones y 20% para la red vial.
Es notable como la Federación Agraria local,-tan predispuesta a inmolarse envuelta en la bandera argentina en defensa de los turbios negociados de Vicentín-, ofrece su acuerdo ante la generosa propuesta de quienes hasta hace pocos días eran los saqueadores de la propiedad privada.
Tal vez porque también el FdT, que recientemente era el brioso corcel justiciero que prometía cárcel a los empresarios estafadores del patrimonio público, hoy es el manso percherón que,-olvidadas las diatribas tribuneras contra la oligarquía-, se apresta a tirar la chata de los agronegocios. 
Si no fueran tan funestas las consecuencias, se podría esbozar una sonrisa pensando que estamos ante un paso de comedia de la picaresca nacional, más cercana al grotesco.

ENTRE NEGOCIOS Y PANDEMIAS
En tiempos en los que el pueblo trabajador cuenta diariamente infectados y muertos; pierde puestos de trabajo y a los que lo tienen se los precarizan. En estas épocas en que los desocupados también pierden la migaja de “derrame” y deben sentir el oprobio de ser señalados por los saciados como aprovechadores; hay otro puñado de habitantes de este “suelo de promisión”, que no deja de contar ganancias ni de hacer enormes negocios.
Por ejemplo, todos los beneficiados con la baja de las retenciones como los agroexportadores, Cofco de China; Bunge, Cargill o ADM. También las megamineras Barrick Gold y Lithium Américas (Canadá), Glencore (Suiza); también prestigiosos bancos nacionales como Credicoop, Macro, Galicia o extranjeros como Santander, HCBC, Citibank o ISBC.

¿Por qué entonces no aprovechar estos tiempos en los que las dificultades pueden representar una oportunidad, no importa a expensas de quién?
Yendo a lo que nos ocupa. Cabe preguntar ¿los legisladores provinciales y los ediles locales, midieron el impacto ambiental de la utilización de las tierras públicas por privados, al autorizar el alquiler de las banquinas?
¿Tomaron en cuenta que las banquinas y cunetas tienen una función en el transito vial y el drenaje de aguas?
¿Se consideró que hay factores hidrológicos y geológicos que inciden en el diseño hidráulico de las obras de drenaje?
¿Se conoce que entre las cuestiones a estudiar esta el tamaño de la cuenca como factor hidrológico?
¿Han pensado diputados y ediles, de ambos lados de la “grieta”, que el caudal aportado por la cuenca tiene relación directa con las condiciones climáticas y topográficas, pero también está referida al tipo de cobertura vegetal, tipo de manejo del suelo y capacidad de almacenamiento?   
¿Fue contemplado en la norma que existen drenajes transversales o alcantarillas que son de una importancia crucial?
¿Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, prestaron acuerdo para el dictado de la norma? ¿Si existe tal acuerdo, estos organismos, documentaron su resolución?

A FUMIGAR LAS RUTAS
El otro aspecto de la norma votada por el oficialismo y la oposición que debe alertar a la población es que, de llevarse adelante, se vería comprometida, aún más, la ya deteriorada situación ambiental de la región.
Fija la ordenanza que se exige para el labrantío de las banquinas la obligatoriedad del control de plagas y malezas, mientras que por otra parte dispone que la licitación no puede ser inferior a 7 quintales de soja por hectárea, independientemente del grano que se decida sementar.
Es claro entonces, que se orienta la extensión del sembradío a la soja cuyos precios,- manejados desde la Bolsa de
Por lo tanto, lo que más expone a la población es la magnitud del laboreo que, como lo expresa sin reservas el autor de la ordenanza, el exconcejal justicialista Aramendi, alcanza una ampliación nada menor.
La extensión de la superficie sembrada en forma tan importante, tiene el correlato de mayor utilización de agro-tóxicos. Significa que no habrá límite a la fumigación, ya de por si absolutamente incontrolada.
¿Han considerado legisladores y ediles que serán fumigados los vehículos que transiten por las rutas y caminos de la comarca?
Nuevamente, ¿se midió el impacto ambiental ante tal modificación del espacio?
Es evidente que no hubo ni el menor atisbo de preocupación por estos problemas. Y es lógico que no los hubiera, si estamos en un punto de la historia en que la voracidad empresarial toma la forma de un desprecio brutal por el cuidado del ambiente.
La ordenanza votada no desentona con lo que sucede a lo largo y ancho de nuestro país. En plena pandemia, entre el 15 de marzo y el 15 de abril se desmontaron en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, un total de 6565 hectáreas. Solo en Salta en ese período talaron 1194 hectáreas, de las cuales 130 del departamento San Martín, pertenecen al presidente de la Sociedad Rural salteña, Ignacio García del Río, quien además integra Prograno, la entidad que nuclea a productores de Salta y Jujuy. En estas cuatro jurisdicciones se concentra el 80% de la deforestación que sufre la Argentina y la ubica entre los 10 países que más bosques destruye.
También allí se disolvieron  las diferencias de la famosa ´´grieta´´. Las cuatro provincias están gobernadas por el justicialismo; estas zonas, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) revestían categorías entre rojas y amarillas, los gobiernos provinciales las recategorizaron a verdes para facilitar el desmonte.
Así se extiende la frontera agropecuaria, en función de los intereses de las multinacionales que manejan el comercio exterior de granos y el selecto grupo de beneficiarios de los agronegocios que no dudan en provocar desastres ambientales que destruyen y empobrecen el territorio, comprometiendo la sustentabilidad de las próximas generaciones, con tal de engrosar obscenamente sus arcas.
Se impone frenar estas medidas, articulando acciones que clarifiquen y visibilicen el daño que supone la ampliación, a la tierra pública de la siembra de transgénicos y la fumigación con agrotóxicos.

Firma: Edgardo Reynoso.
DNI 12.991.542.

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