La salud «pública» que dejó de ser pública: IOMA y la inacción como política de Estado

Por el concejal Mauricio Tomasino

Ciertas veces es preocupante cómo las palabras pueden cambiar de significado con el paso del tiempo. Si le preguntamos a cualquier vecino por el término «público», seguramente una inmensa mayoría dirá que es “LO QUE ES DE TODOS”. Es lo que aprendemos de chicos en la calle, en la escuela, en un club, una plaza. Los libros lo definen como “Perteneciente o relativo a todo el pueblo”, “Común del pueblo o ciudad.” Y también como “lo contrapuesto a lo privado”, algo que también se conoce casi instintivamente. ¡Atención a esto!
Si la pregunta fuera ¿Qué es la “salud pública”? Seguramente la respuesta sería la misma: “la salud que es para todos”. Lo que alguna vez significó un derecho inalienable como la educación pública, la seguridad. Pública hoy parece un concepto tan abstracto como utópico.
En 19 municipios de la Provincia de Buenos Aires, IOMA se ha encargado de darle el golpe de gracia a la idea de que la salud es un derecho de todos. El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), responsable de brindar cobertura a más de dos millones de bonaerenses, ha decidido que el mejor tratamiento para estos 19 municipios es la indiferencia.
¿Qué significa esto en la práctica? Fácil: los afiliados de IOMA en estas localidades ya no tienen acceso a consultas médicas, tratamientos ni medicamentos. Todo ese universo de prestaciones ha sido suspendido hace ya casi dos meses generando un derrotero de perjuicios para esas comunidades.
En Bragado, cerca de 12.000 vecinos, incluidos trabajadores municipales, docentes, policías y jubilados, son afiliados a IOMA; esta cifra representa aproximadamente un cuarto de la población total de la ciudad.
En un contexto de pocas explicaciones verosímiles, las autoridades de IOMA ensayan argumentos escudándose en que la situación “delicada” actual de la obra social se debe a supuestos abusos derivados del gerenciamiento de las capitas (montos fijos de dinero por afiliado) llevados adelante por la Federación de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), y en su lugar, ni lentos ni perezosos ya activaron algunas alternativas bastante observables: un esquema alternativo a través de Policonsultorios (de dudoso nivel profesional y responsabilidad médica), también sustituyendo esos gerenciamientos en favor de asociaciones de sospechosa afinidad a espacios partidarios afines al gobierno provincial o, en algunos pocos casos, un acuerdo directo con los Círculos Médicos locales con propuestas económicas marcadamente inequitativas para las partes.
No solo es sorpresiva, aunque tal vez no tanto, la decisión sino también el grado de improvisación con el que se tomó una medida de semejante magnitud, porque más allá del paupérrimo rendimiento de la obra social en las últimas décadas, ni siquiera se previó un esquema de transición o de contingencia pensando en cómo darle alguna cobertura -aunque sea mínima o provisoria- a todos los afectados mientras terminan de pulirse los detalles para un gran anuncio.
¿Cómo ocurrió esto? De la mano de un aliado inesperado: la inacción de muchos de los intendentes, esos «guardianes del bienestar local» que prefieren mirar hacia otro lado mientras sus vecinos caen en el abismo de la precarización sanitaria.
Y aquí es donde la ironía se vuelve amarga. Se supone que Sergio Barenghi es el principal defensor de los intereses de su comunidad. Pero parece que ha adoptado una postura de absoluta pasividad, como si la crisis sanitaria no fuera un problema suyo. Gestionar o liderar un reclamo a la provincia, o presionar para que se restauren los servicios, requeriría de un esfuerzo que parece estar fuera de sus prioridades.
Es su mundo de controversias, nuevamente parece que la comunicación y la simpatía con el Gobernador Kicillof siguen siendo igual a cero. Hasta ahora -gravemente- no conocemos que opina el Intendente en semejante asunto. Tampoco la secretaria de Salud ni los demás funcionarios del área.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no deja lugar a dudas cuando define la SALUD como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Mientras tanto, aquí, en los hospitales públicos de los municipios afectados, ese bienestar se ha transformado en una utopía.
Sabido es que desde el cierre del Sanatorio tiempo atrás, toda la capacidad operativa del Hospital y las salas se vio altamente comprometida por el elevado número de pacientes que debieron recurrir al sistema público para continuar con sus consultas, tratamientos, estudios, etc. ¿Y ahora que creen que sucederá? Ya venía ocurriendo porque por la capacidad de atención de turnos o cirugías programadas existía un corrimiento de plazos clínicos con peligrosas consecuencias. Las personas no solo enferman; ahora, además, deben luchar contra un sistema que les cierra las puertas en la cara.
Esta extraña y peligrosa clasificación de ciudadanos -como si los hubiera de primera, segunda o tercera- ya fue declarada por Barenghi a comienzo de año cuando dijo abiertamente que el Hospital Municipal limitaría, exponencialmente, la atención de obras sociales, debiendo cada vecino que tuviera obra social o prepaga, arreglárselas por sus propios medios. Tal vez era el preludio de lo que hoy expresa su inacción actual y lo que fielmente comulga.
La inacción no solo precariza la atención médica; está marcando una peligrosa tendencia hacia la privatización de facto de la salud. Porque, ¿qué otra opción les queda a los afiliados que no pueden acceder a sus tratamientos? Pagar. Porque a pesar de que la obra social sigue descontando de sus recibos de sueldos, por ejemplo, en los trabajadores municipales un 4.8% sobre la remuneración sujeta a aportes, montos que pueden ir desde los $10.000 hasta los $70.000, $80.000 o más aun, o hasta los $100.000 que puede llegar a pagar un afiliado voluntario.
Esta situación dispara otra pregunta ¿En qué se invirtieron o donde están los descuentos de los casi 12.000 afiliados bragadenses? Por los 19 municipios ya afectados directamente se estiman retenciones por $3.200 millones de pesos, dimensionemos Bragado.
Pagar es sacar aún más plata de su bolsillo para que un afiliado pueda ser atendido por su médico de cabecera, el de su confianza, el que le hace seguimiento, el que está para su consulta muchas veces fuera de hora y lugar. Pagar es tener que pagar un pasaje o el combustible para lograr hacerse un estudio en otra ciudad porque, si no es una urgencia en su sentido más estricto lo más probable es que haya derivación a otro lugar. Pagar es pagar un hotel por una o varias noches en otra ciudad donde si te den la prestación. Pagar es pagar. Pero ¿Qué pasa si alguien no cuenta con esa plata? ¿Qué pasa si el Hospital o la Sala no tienen más turnos por su capacidad limitada? Muchas preguntas más se desprenden de esta acuciante situación.
También podría preguntársele al hijo del Intendente sobre la implementación del tan alabado SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada) y como su tan pronosticada eficiencia, generadora de recursos económicos que crecerían inmediata y exponencialmente, están siendo volcados para enfrentar esta crisis sanitaria. Pero lamentablemente, una vez más, prefirió el juego mediático del anuncio que mostrar resultados concretos y transparentes.
Los perjuicios de esta crisis no pueden ser exagerados. La demora en la atención médica puede agravar patologías crónicas, aumentar la mortalidad y deteriorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. ¿Es que acaso no aprendimos eso de la pandemia? Esto no es una especulación; es la realidad a la que se enfrentan miles de bragadenses que, sin acceso a consultas y/o tratamientos adecuados y habituales, ven cómo su salud se deteriora día a día.
Por otra parte, los casi 100 médicos de Bragado que dependen de IOMA como una fuente de ingresos mensual estable están sufriendo las consecuencias directas de esta inacción. Consultorios privados que contaban con los pacientes derivados de esta obra social, ahora ven cómo esos pacientes dejan de acudir por no poder costear los tratamientos de su bolsillo. El resultado: los médicos, la mayoría de ellos bragadenses, ven sus ingresos reducirse también considerablemente. La inacción del intendente no solo perjudica a los pacientes, sino que también precariza a los profesionales de la salud, quienes han perdido el sustento económico que antes les permitía sostener sus prácticas y su dinámica familiar.
Y lo más triste es que esto no es solo un problema sanitario, sino político. Es la demostración más cruda de que la salud ya no es un derecho en este ni los demás municipios; es una mercancía. Y en este mercado de la desidia, los intendentes han decidido ser meros espectadores, mientras sus ciudadanos pagan con su salud el precio de la incompetencia.
Así que, ¿qué nos queda? La certeza de que la salud pública en Bragado dejó de ser pública. Como decía Albert Einstein: «El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que miran sin hacer nada para impedirlo».