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BLOQUE: JUNTOS POR EL CAMBIO

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Proyecto de resolución; Ficha Limpia
-Autor: Eugenia Gil

Visto
El expediente D-3132/20-21 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el cual tramita el Proyecto de Ley de autoría de la señora diputada Vanesa Zuccari y otros, que tomara estado parlamentario el 17/09/2020, sobre “modificación LEY 9889, Orgánica de los Partidos Políticos, con el objeto de evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser precandidatos en elecciones primarias, en elecciones generales a cargos públicos electivos o ser designados para ejercer cargos partidarios”, y el expediente E-347/20-21 del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires por el cual tramita el Proyecto de Ley del señor senador Leandro Eduardo Blanco y otros, que tomara estado parlamentario el 08/10/2020, “modificando el artículo 30° del Decreto Ley N° 9889/82 Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, y

Considerando
Que las iniciativas legislativas que corren en ambas Cámaras de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires tienen el fin de prohibir a las personas, que se encontraren frente a una condena – firme o no o firme en “segunda instancia” – por actos de corrupción, asociación ilícita, delitos de orden económico-financiero o los “Delitos contra la Vida”, la “Integridad Sexual”, “Contra el Estado Civil” y ” Contra la Libertad” entre otros tipificados en el Código Penal, ser precandidatos o candidatos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales.
Que esta iniciativas responden a lo que en el seno de la sociedad se reclama como una “Ley de Ficha Limpia”.
Que viene a dar respuesta a una cuestión que genera desconfianza y descrédito hacia la política y la calidad de la Democracia.
Que la legislación sobre partidos políticos, y la legislación electoral son una atribución constitucional del Estado bonaerense que excede el nivel local pero sí, desde el nivel local, es dable reclamar que se ponga en vigor una norma que revele, sin lugar a dudas, una conducta y una moral administrativa absolutamente diferentes a la corrupción, y que, asimismo, la combata.
POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1°.- Solicítase al Senado y a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires según, respectivamente, sobre los expedientes E – 347/20-21 y D-3132/20-21 que tramitan en sus ámbitos, la aprobación de una Ley que prohíba a las personas con condena – aunque no estuviese firme o condenadas en segunda instancia – ser precandidatos o candidatos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales en jurisdicción bonaerense.
ARTÍCULO 2°.- De forma.

Expediente: E-347/20-21
El proyecto de Ley que se acompaña tiene como objeto modificar el Decreto Ley N° 9889/82 ORGÁNICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES MUNICIPALES, en su artículo 30, a fin de incorporar la prohibición para acceder a cargos partidarios a las personas condenadas a penas privativas de la libertad, que cuenten con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia, aun cuando la misma se encontrare recurrida y hasta su revocación posterior o por el efectivo cumplimiento de la pena, por delitos cometidos en contra de la Administración Pública, como así también los cometidos contra el orden Económico y Financiero y/o ciertos delitos comprendidos en el Título I “Delitos contra la Vida”, en el Título III “Delitos contra la Integridad Sexual”, en el Título IV “Delitos contra el Estado Civil” y los determinados en el Título V “Delitos contra la Libertad” previstos en el Código Penal.
Nuestra realidad política requiere adaptaciones dinámicas frente a situaciones que la vida cívica enfrenta; desde la vuelta de la Democracia al País, la sociedad ha observado crecientes comportamientos delictivos en la clase política que en la mayoría de los casos no han representado un impedimento para seguir accediendo a cargos electivos, sino incluso una motivación para poder respaldarse en los fueros que dichos cargos ofrecen, desnaturalizando la función tuitiva de los mismos.
Naturalmente, esto ha sido la causa de diferentes reclamos por parte del electorado que busca una respuesta en sus representantes, por tanto, es nuestro deber diseñar políticas que permitan brindarle desde momentos primigenios transparencia a la selección de candidatos, institucionalizando a través de la cristalización de normas un piso mínimo de referencia sobre las personas que pueden ser elegidas y no sólo mantenernos en la denuncia de situaciones éticamente reprobables. En consonancia con lo antedicho, es dable señalar que nuestro País adhirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción, por Ley N° 24.759, cuyo propósito es el de “Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”, comprometiéndose a considerar la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas orientadas a prevenir conflictos de intereses.
A lo largo del territorio nacional diferentes propuestas normativas se han presentado en las Legislaturas provinciales y en el Congreso de la Nación, en este sentido, todas las iniciativas responden al espíritu de transparencia al que debemos aspirar como sociedad, bregando por los intereses de la comunidad y ofreciéndoles personas que cuenten con antecedentes penales claros al momento de ser propuestos como precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos.
El proyecto de Ley que se acompaña, busca que sean los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones, las alianzas transitorias constituidas a los fines de participar en elecciones primarias, así como en elecciones generales, las que modifiquen sus cartas orgánicas, actas constitutivas y reglamentos para garantizar que aquellas personas que pretendan postularse a cargos públicos electivos no se encuentren alcanzadas por los supuestos establecidos por la norma.
Asimismo el presente proyecto intenta buscar un equilibrio entre la clara e indubitada regulación que posee en nuestro derecho la faz activa del sufragio, limitándose claramente el derecho a elegir candidatos, y la casi inexistente regulación de aquellos que buscan ser electos, permitiendo de esa forma que los partidos políticos tengan la potestad de determinar qué condiciones debe reunir cada uno de sus candidatos.-
De esta manera, desde un origen muy temprano en la formulación de los y las candidatos/as, los propios partidos políticos o agrupaciones contempladas por el Decreto Ley 9889/82, serán los que observarán estas disposiciones a la hora de proponer una persona para un cargo, adaptando su marco regulatorio a lo dispuesto por la norma, en un claro compromiso con los valores democráticos y republicanos que encierra el espíritu de la Ley.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación de la presente iniciativa.

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