Consejeros de Educación de Juntos, ante la utilización política del atentado a CFK en las escuelas

Martínez, Quintana y Lobos se lo hicieron saber al ministro Alberto Sileoni mediante una carta.

Los consejeros generales de Educación de Juntos, Diego Martínez, Natalia Quintana y Matías Lobos, cuestionaron la “utilización política” del atentado contra la vicepresidente la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por parte de las autoridades educativas de la Provincia.
El feriado, las acciones pedagógicas que derivaron en la utilización del tema con el objetivo de “inducir y distorsionar” el trabajo de los docentes, son algunos de los cuestionamientos que dejan expresados en la carta remitida al titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

Al respecto, los consejeros expresaron:
“Habiendo tomado conocimiento del comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación en referencia al ataque sufrido por la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner el día 1 de septiembre en la puerta de su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que en nuestro carácter de Consejeros Generales de Cultura y Educación realizamos las siguientes consideraciones:
-En primer lugar expresar nuestro repudio al ataque, y nuestra solidaridad con la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia.
-Solicitar el pronto esclarecimiento del mismo a través de la intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Estas consideraciones previas no contradicen a la preocupación que tenemos frente a la utilización política del lamentable hecho por parte de las autoridades nacionales y de la gestión educativa de la provincia de Buenos Aires:
1-. La declaración de feriado nacional y suspensión de clases para el día 2 de septiembre no tiene antecedentes ni resulta adecuado para generar conciencia ni defender la democracia.
2-. Desde Inspección General, dependiente de la Subsecretaría de Educación se han desplegado una serie de acciones pedagógicas tendientes a generar espacios de diálogo con los alumnos y sus familias en referencia al lamentable suceso. Estas acciones son claramente desproporcionadas para un episodio que debe ser resuelto en el ámbito judicial y es necesario ser cautos hasta finalizadas todas las instancias que las autoridades con responsabilidad en la materia consideren pertinentes.
3-. Propugnar en las aulas un debate sobre estas circunstancias da muestras de la manipulación de un episodio que fue repudiado por toda la sociedad y que ahora debe ser esclarecido por la Justicia. Los docentes, los alumnos y sus familias debemos continuar con nuestras responsabilidades en pos de garantizar la continuidad de la vida social en orden y en paz.
4-. La indicación por parte de Inspección General de realizar acciones en todas las escuelas haciendo referencia al ataque solo tiene por objetivo inducir y distorsionar la tarea docente. Los docentes son profesionales que están preparados para resolver dudas e intervenir de manera adecuada sobre todo tipo de consultas que los alumnos realicen sobre esta situación o cualquier otro episodio de relevancia pública contemplando el contexto de su comunidad educativa.
5-. La sociedad argentina rechaza la violencia, sus instituciones así lo han hecho a través de distintas comunicaciones y acciones del Congreso de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo Nacional, y por lo tanto entendemos que las indicaciones realizadas resultan inoportunas e inadecuadas por la sobrecarga informativa que nuestros alumnos y sus familias tienen sobre el episodio.
6-. Las acciones desplegadas por Inspección General resultan una sobreactuación que debe evitarse, y debería indicarse que la forma de trabajar temas tan delicados es a partir del concepto de una sociedad pluralista, con indicaciones bibliográficas adecuadas y evitando simplificaciones binarias que no aportan al progreso democrático argentino.
7-. La declaración pública de la Dirección General de Cultura y Educación es suficiente. Su rechazo al odio y a la violencia debería estar acompañado con el concepto de la plena vigencia del estado de derecho, con especial mención al respeto por la independencia del poder judicial.
8-. La mejor manera de defender la democracia y el estado de derecho debe iniciar por respetar los ámbitos y lugares de acción que a cada autoridad le compete”.