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Espacio de opinión

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Violencia policial y crímenes
-Chaco y Tucumán, tierra de caudillos

El norte argentino nuevamente es noticia por abusos policiales. Y nosotros, en el presente texto, mencionaremos dos crímenes que merecen total repudio y visibilidad nacional, porque en un lapso de pocos días, en nuestro país, se presenciaron dos homicidios marcados en un mismo contexto y con aterradoras historias.
Comenzando por la provincia de Chaco, tierra de Capitanich, un grupo de policías entró violentamente a la casa de un barrio QOM en la localidad de Fontana, atacando a sus habitantes con golpes de puño y palos, dejando importantes lastimaduras en los cuerpos y deteniendo a cuatro personas, dos varones y dos mujeres.
Pero para estas últimas, incluso siendo una menor de edad, el hecho fue aún peor, porque las abusaron sexualmente, luego las rociaron con alcohol y finalmente amenazaron con prenderlas fuego.
Y frente a esto, nosotros preguntamos… ¿Qué espera la Secretaría de Derechos Humanos para actuar de oficio, asistir a las víctimas y repudiar lo ocurrido? Afortunadamente, nuestro partido político contó con la opinión pública de Maximiliano Ferraro, presidente de la CC ARI y Diputado Nacional de Juntos por el cambio, quien pidió que el Estado se haga cargo y “de la cara”, porque nada es tan vergonzoso y canallesco como el silencio.
Desde nuestra perspectiva, consideramos que en Argentina el grave problema (de los abusos policiales a los que son sometidos los pueblos originarios) se debe al poco respeto que existe sobre este sector de la población y a la concesión de la tierra que les pertenece.
Pero, por otro lado, también debemos recordar el reciente crimen de Luis Espinoza, un peón rural de 31 años que murió por el accionar ilegítimo de la policía en la provincia de Tucumán. Y lo que no deja de sorprendernos, es que dos de los ocho policías, relacionados con la desaparición y asesinato de Luis, están también implicados en la muerte de Alan Andrada, quien falleció por una hemorragia cerebral tras ser golpeado en una dependencia policial en 2018.
Finalmente, en forma de conclusión, si bien es cierto que todos los casos son distintos, y por ende no resulta apropiado compararlos, es necesario analizar el contexto político dentro del cual se desarrollaron los crímenes mencionados, porque no es casualidad que la brutalidad policial en Chaco y Tucumán sean, nada más y menos, que en provincias gobernadas por la misma fuerza política desde hace varias décadas, donde los gobernantes se creen caudillos, patrones del territorio, e inmunes para ejercicio de sus funciones.
Creemos fehacientemente que, a fin de cumplir plenamente con el compromiso de hacer valer el derecho de todas las personas, grupos y sectores, el Estado argentino debe tomar determinadas medidas (en todos los niveles del gobierno y las instituciones) tendientes a mitigar la frecuencia de este enorme flagelo. Porque como dijo Nelson Mandela, un activista sudafricano de los derechos civiles, “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”.

Firman Angie Torrecilla – Lisandro León.
CC. ARI Bragado

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