Triunfo político de Milei: logró sostener el ajuste a las Universidades con apoyo del PRO, UCR y gobernadores del PJ

-El oficialismo junto a aliados arañó el tercio de votos suficiente para que el veto a la Ley de Financiamiento siga vigente

Javier Milei se anotó ayer un triunfo político al lograr sostener en la cámara de Diputados el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en una votación que terminó con 159 legisladores a favor de sostener la norma y 85 que se pronunciaron a favor del Presidente, un tercio en el cual hay que anotar, además de a la bancadas de La Liberad Avanza, PRO y el grupo de “radicales con peluca” a representantes de los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo y de Santiago del Estero, Raúl Jalil y otros ligados a Ignacio Torres, de Chubut; del caudillo misionero Carlos Rovira y del santacruceño Claudio Vidal.
Milei pulseó hasta último momento para que Diputados no contraríe su decisión de dar por tierra con la Ley que aseguraba a las universidades financiamiento hasta fin de año y a los docentes una recomposición salarial en línea con la inflación, a la que se añadía un mecanismo  para que los sueldos se actualicen cada dos meses. Y lo consiguió con un respaldo casi idéntico en número a los 87 “héroes” que le permitieron mantener su decisión de vetar el aumento a los jubilados –unos 18 mil pesos para las jubilaciones mínimas- el 11 de septiembre pasado, pero diferente en su composición.
Teniendo en cuenta que los cálculos se realizan sobre el número de legisladores presentes, los libertarios obtuvieron cuatro votos más de los que necesitaban para cumplir con su objetivo. La sesión arrancó a las 11.18 con 144 diputados presentes.
La totalidad de la bancada de LLA votó a favor, con 39 sufragios; el PRO sumó 36 –solo votaron en contra el cordobés Héctor Baldassi y Alvaro González, ligado a Horacio Rodríguez Larreta; la UCR aportó cuatro “radicales con peluca”: El Gobierno consiguió retener el apoyo de Martín Arjol (Misiones), Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes). A ellos hay que sumar dos MID,  Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez y el santacruceño José Luis Garrido, que se sumó al final, cuando ya estaba todo definido y responde al gobernador Vidal.
En el resultado final fueron clave, además, ocho ausencias y cinco abstenciones. Los que faltaron fueron cuatro misioneros que responden formalmente al gobernador Hubo Passalaqua  pero son comandados por Rovira, que son Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik (Innovación Federal) y el radical Pablo Cervi, un neuquino que fue candidato a gobernador y es cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Los faltazos que favorecieron a Milei fueron los de Fernanda Ávila, de UxP, ligada a Jalil, que también se había ausentado en la votación original de la ley; el chubutense Jorge Ávila, que responde al gobernador Torres –alegó cuestiones de salud-; Ricardo López Murphy tampoco asistió, por razones de fuerza mayor; el radical formoseño Fernando Carbajal; Pablo Satefani, de PRO –con licencia médica- y el exjefe de la bancada libertaria, ahora en el MID, Oscar Zago, de viaje pero que había dicho que hubiese apoyado el veto. No estuvieron, además, la salteña Yolanda Vega (Innovación Federal), que responde al gobernador Gustavo Sáenz ni Alejandra Torres, cordobesa esposa del extitular de Anses, Osvaldo Giordano, un hombre del gobernador Martín Llaryora.  
Del lado de quienes intentaron mantener la vigencia de la Ley se anotaron el bloque de UxP –con una sola excepción- la izquierda, la mayoría de la UCR, casi todo Encuentro Federal (preside Miguel Pichetto); Por Santa Cruz y Producción y Trabajo, entre otros.
Con ese tablero, Milei mantiene el historial de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, cuyos vetos no han podido ser volteados por el Congreso.
El debate del recinto estuvo marcado por una fuerte presión pública: acaparó gran atención mediática –solo la transmisión oficial en YouTube tuvo más de 26 mil usuarios siguiendo en vivo– y hubo manifestaciones fuera del Palacio Legislativo. A su vez, aún hay facultades de la UBA y de otras universidades del país que siguen tomadas como parte del reclamo contra el Gobierno.
-¿Qué decía la Ley?
La Ley de Financiamiento Universitario obligaba al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación y que también se otorguen aumentos mensuales de acuerdo a la suba de precios. Alcanzaba a un universo de 120.000 personas que forman parte de las 57 casas de altos estudios públicas de todo el país. En otro de sus artículos también buscaba garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma comprometía el 0,14% del PBI, un porcentaje que Milei no estuvo dispuesto a ceder, aferrado a su regla de déficit cero.
Los libertarios sellaron los votos de su banca por completo, contando incluso con el de Martín Menem, que preside de la Cámara baja pero quien puede aportar su voluntad en sesiones especiales como la de una insistencia de una ley a partir de un veto presidencial. Ya habían logrado abroquelar al PRO tras un nuevo acuerdo entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. Los amarillos se arrogaron la gestión que terminó con el Gobierno aceptando otorgar un aumento salarial de 6,8% para el sector universitario, que fue rechazado por los gremios, y la garantía de que se asegurará un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente, retroactivo a abril.
-Lo que viene
El debate por el financiamiento de las universidades ahora se trasladará al del presupuesto 2025, que ya comenzó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo en el Congreso. Pero por ahora el gobierno respira aliviado y habla de armar un “interbloque” con PRO en el Congreso, pero sin avanzar a un cogobierno.
Milei había señalado varias veces que su intención es vetar todas las leyes que impliquen erogaciones por parte del Estado y no contemplen partidas para financiarlas. Sostiene que eso afecta el equilibrio fiscal, aunque el oficialismo aprobó leyes que implican gastos sin las partidas correspondientes, como la de ampliación de Banco de Datos Genéticos, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En medio del descontento, estudiantes avanzaron con la toma de más facultades y los gremios anunciaron un paro total de 24 horas para hoy. No se descarta que aparezcan presentaciones judiciales que lleven el veto a la Corte, donde podrían plantear un conflicto de poderes. (DIB) AL