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Vicentín: Juntos por el Cambio denunció el proyecto del gobierno como «un atropello ilegal»

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A través de un comunicado de prensa, los seis espacios que conforman la alianza a nivel local cuestionaron públicamente la iniciativa del presidente Alberto Fernández. Firmaron el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el MID y Unidos por Bragado.

Los seis espacios que integran la coalición oficialista de Juntos por el Cambio en Bragado, salieron ayer a criticar el proyecto de intervención y expropiación de la empresa de granos Vicentín, anunciado por el presidente Alberto Fernández.
-A través de un comunicado titulado «Vicentín, un atropello ilegal», el oficialismo local tildó de «transgresión al orden constitucional», la letra de la iniciativa nacional. El escrito lleva las firmas de los partidos PRO, Acción para el Desarrollo, Coalición Cívica-ARI, Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Unidos por Bragado, este último el espacio vecinal que lidera el intendente Vicente Gatica. No aparece, en cambio, el Partido Fe, liderado a nivel local por Néstor Coria, que reciente rompió por decisión orgánica con Juntos por el Cambio.
«La decisión del gobierno nacional de intervenir Vicentín por medio de un decreto de necesidad y urgencia, es inconstitucional, un atropello al poder judicial y genera una gran incertidumbre en el ámbito económico y político», comienza el escrito.
«La improvisada expropiación que planifica (marcada en el origen del anuncio que ni siquiera entiende que se quiere expropiar, si el grupo Vicentín o una de sus empresas) viola la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional, haciendo que a sociedad se pregunte ‘¿quién será el próximo?'», insiste.
-«Con el vago concepto de la Soberanía Alimentaria (rechazado por las Naciones Unidas), pretende avanzar en un mercado que es la principal fuente de divisas del país y que poco tiene que ver con los alimentos disponibles para la sociedad. Vicentín produce básicamente alimentos para cerdos y los precios se rigen por mercados internacionales, a lo sumo podría opacar ciertos trayectos del mercado interno», afirma el escrito.
Y amplía, «tampoco está claro el costo de la operación. Mientras el ministro de la producción dice que no habrá que pagar nada, el presidente habla de que habrá que hacer un esfuerzo importante. Anteriores experiencias (YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas), indican que los argentinos debimos pagar juicios millonarios y además hacernos cargo de sus pérdidas».
«Lo cierto es que un país en default afrontando una compleja negociación con sus acreedores, sumará inmediatamente, sólo en el exterior, una deuda de 500 millones de dólares. Las transgresiones y fracturas del orden institucional tienen costos en términos económicos concretos, recordemos que YPY nos costó más de 6000 millones de dólares hasta el momento, además del impacto en las inversiones y el acceso a los mercados de crédito en condiciones favorables», agrega.
Finalmente, sostiene: «Creemos que la justicia debe concluir su trabajo y conducir o controlar los destinos de la empresa hasta que se resuelva el concurso. La Argentina necesita un Estado que garantice el respeto de las instituciones, la seguridad jurídica, el cumplimiento de las reglas de juego y los compromisos internacionales».
«Hechos como éstos van precisamente en sentido contrario. Llamamos al gobierno a rectificar esta decisión, a tomar un camino alternativo en la búsqueda de soluciones que preserven el interés general», concluye el comunicado.

Juntos por el Cambio Bragado rechazó públicamente el proyecto para expropiar Vicentín.
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