La muerte del poeta, una balacera absurda y la Policía “que no fue”

Sergio Schiavini falleció tras recibir un disparo en una toma de rehenes en un bar de Lomas de Zamora. Ocurrió en 1991. Los delincuentes quedaron tras las rejas, pero los efectivos implicados fueron absueltos.

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

Sergio Andrés Schiavini había vuelto de Trelew, donde tres años antes se había instalado con su entonces reciente esposa. El poeta, de 32 años y que tenía dos libros publicados, había regresado a vivir a Lomas de Zamora tras el divorcio. El 28 de mayo de 1991 acompañó a su madre a internarse al hospital Gandulfo de esa ciudad del Gran Buenos Aires, donde iba a ser sometida a una biopsia. Más tarde partió rumbo a la confitería Dalí, la misma en la que se había casado tiempo atrás. Pero ya en la madrugada, lo que iba a ser un café para apaciguar la larga jornada, terminó en un tiroteo trágico y con Sergio muerto.
Cerca de las 0.30 ya del miércoles 29, el escritor estaba en Dalí junto a una veintena de personas. Fue en ese momento cuando cuatro delincuentes armados entraron en la confitería y robaron la caja y el dinero de los clientes. Pero al intentar huir, se encontraron con un patrullero estacionado en la puerta. Pronto llegaron otros 17 móviles policiales y unos 30 efectivos. Muchos de ellos vestidos con ropa de civil.
Al ver el despliegue, los asaltantes, en medio de gritos y momentos de tensión, tomaron como rehenes a las 18 personas que estaban en el local gastronómico. Sin mediación, empezó el tiroteo, con armamento sumamente sofisticado y pesado. Una lluvia de balas que se extendió por unos 30 minutos y que terminó con Schiavini con un disparo, casi mortal, en el ojo derecho. También resultaron heridos los rehenes José Porta (propietario de la confitería) y Juan Carlos Cáceres, además de los cuantiosos daños materiales. ¿La versión policial? El balazo contra el escritor salió de un arma de los delincuentes, quienes fueron reducidos después que los efectivos tiraran gas lacrimógeno hacia el interior.
Según declaraciones de algunos testigos, Schiavini fue “abandonado” en la vereda del comercio de Pellegrini y Sáenz durante largos minutos “porque pensaban que estaba muerto”. Sin embargo, luego fue trasladado de urgencia al hospital, el mismo en el que estaba internada su madre, María Teresa Schnack. Pese a los intentos de los médicos, el joven murió ocho horas después. Y el propio director del lugar, amigo de la familia, fue quien recorrió los pasillos del nosocomio para darle la triste noticia a la mujer, que salía de la anestesia.
Si bien en las primeras horas la versión policial pareció no cuestionarse, con el paso del tiempo Schnack empezó a desconfiar, porque había cuestiones que no cerraban. Por ejemplo, graves irregularidades en las autopsias. A pesar de que se realizaron tres, jamás se pudo determinar si la bala que mató a Schiavini fue disparada por los policías o los ladrones. Por eso no dudó en gritar sus sospechas a quien le preste un micrófono y acusar a la Policía de haber efectuado aquel disparo mortal sobre la humanidad de metro noventa de su hijo.

Condenas parciales
A la madre que sufría por no saber la verdad de lo que sucedió aquella madrugada, se le sumó una serie de llamados intimidatorios. Atendía su teléfono y desde el otro lado le decían que iba a terminar muerta como su hijo. Para saber el origen de esos llamados, pidió a la compañía telefónica el detalle. Las comunicaciones llegaban desde la Policía bonaerense, el Ministerio del Interior y la Jefatura del Gabinete de ministros.
En mayo de 1997 el caso llegó a juicio oral. En una semana se resolvió todo. Allí, la Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora condenó a los ladrones, no así a los 15 policías que fueron llevados al banquillo. Miguel Villarruel y Daniel Frías Sánchez recibieron una pena de 18 años de prisión por “homicidio en ocasión de robo”, mientras que la de Luis Corso fue de 16 años. El otro imputado murió antes del comienzo del proceso.
Los jueces entendieron que los policías habían cometido abuso de poder, pero no exceso al disparar en reiteradas oportunidades contra la confitería, y todos quedaron absueltos. Tampoco pareció llamarles la atención que los mismos agentes que participaron del tiroteo fueron los encargados de “preservar” el lugar donde ocurrió el homicidio.
A partir de allí y ante lo que consideraba una injusticia, la madre de Sergio recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien en 1999 tomó el caso. Pese a que desde el Gobierno nacional negaron que haya existido impunidad, la lucha de Schnack continuó. Pero tanto la Suprema Corte bonaerense como la Corte nacional desestimaron el reclamo.
Ya para esta altura, cuando las fojas del caso iban de despacho en despacho, la suerte de los delincuentes había cambiado. En 1998 se les concedió a Corso y Frías la libertad condicional bajo palabra. Habían cumplido 7 años de prisión con sentencia no firme, por lo que según la por entonces ley del 2 por 1, la cuenta llegaba a 12, tiempo suficiente para solicitar la libertad condicional. Mientras que Corso fue derivado un tiempo a otro penal por una causa pendiente, Frías murió un año después durante el asalto al Banco Provincia de Llavallol.
En tanto, recién quince años y seis meses después del asesinato, la familia recibió un primer gesto de reparación. Tras la intervención de la CIDH, el Estado argentino, quien finalmente reconoció su responsabilidad, fue intimado a pagar 335 mil dólares de resarcimiento económico. Un dinero que nunca alcanza para cerrar la herida.

Fuente: (DIB) FD

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